
Página del portal de transparencia del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que empezará a transmitir los plenos en streaming el 23 de julio
La impresión que he sacado de mi recorrido virtual es que no es fácil por el momento conectar con los concejales. Es verdad que no se han cubierto los cien días de margen que se da a las administraciones para terminar de encajar sus organigramas y estructuras, pero en el caso de Sevilla, la ciudad en la que trabajo, el apartado de Transparencia tiene todavía páginas en construcción y otras vacías como las destinadas a ofrecer los correos electrónicos de los concejales.
En el caso del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, la ciudad en la que resido, a la lista de los concejales de la nueva corporación le faltan algunas fotos y no se remite a ningún enlace con más datos biográficos o de contacto del concejal/a en cuestión. Para intentar conectar con los que más me interesaban rastreé sus nombres en las redes sociales, pero la presencia de los recién elegidos en las redes no es tan abundante como se podía esperar.
Con el panorama descrito las sugerencias surgen de manera inmediata. Nuestros representantes locales tienen que facilitar más el contacto con sus votantes y con los que sin votarles ya los tienen como sus legítimos representantes. Los conceptos de moda como gobierno abierto, escuchar a la ciudadanía, innovación y participación social, hay que hacerlos realidad en el día a día y eso pasa por cuidar detalles tan simples como facilitar un correo electrónico corporativo o un buzón virtual con un formulario. Aunque lo ideal sería proporcionar los enlaces a los perfiles en las redes sociales de cada uno de los concejales.
Hasta finales de diciembre de 2015 los ayuntamientos no están obligados a cumplir con las obligaciones que les marca la ley de Transparencia estatal, pero sería una buena noticia que se adelantaran a su entrada en vigor y que fueran más allá de lo que marca el texto legal. En materia de transparencia y buen gobierno no hay que temer exceso alguno y sí el quedarse cortos o ser cicateros con la información pública que es de todos y no un patrimonio exclusivo de los funcionarios y cargos electos que la administran.