La economía sumergida ha sido el tema olvidado por todos los candidatos en la campaña electoral de los comicios andaluces. Esperemos por el bien y el futuro de nuestra comunidad que el gobierno saliente del 22M lo aborde con valentía para reconocer su verdadera dimensión y plantear soluciones para atajar con urgencia.
El porcentaje de la economía sumergida en Andalucía es similar al del 34% de paro que todos los candidatos se han arrojado a la cara una y otra vez en mitines y debates. La UE ha obligado a sus estados miembros a contabilizar tráficos ilegales como las drogas o la prostitución, pero se resiste a reconocer la economía sumergida en ámbitos legales como es el caso del trabajo doméstico, las clases particulares, los mercados semanales informales, el trabajo de numerosos servicios a domicilio y el de los alojamientos turísticos particulares.
El trabajo en negro conviene a muchos, tanto a los gobiernos de turno porque supone un amortiguador de tensiones sociales que de otra forma habrían estallado hace tiempo, como a la oposición porque mientras exista podrá echar en cara a la mayoría gubernamental una lacra tan grave e importante.
Los protagonistas de la economía sumergida tampoco están muy interesados en que salga a flote porque eso les permite no pagar impuestos. A los empresarios les trae cuenta un cierto nivel de economía sumergida porque supone una menor contribución fiscal.
Para los sindicatos es un tema incómodo porque pone de manifiesto la ineficacia de algunas de sus estrategia y porque cuestiona algunos de sus planteamientos cotidianos en los centros de trabajo. La presencia sindical es fuerte en el sector público y en las grandes empresas privadas, pero escasa en las pequeñas y medianas empresas donde se registra un mayor volumen de economía sumergida.
Pero el tema importa a todos los niveles y en las próximas elecciones municipales habrá que plantear en todos los pueblos y ciudades qué van a hacer los partidos para reducir la economía sumergida y el trabajo en negro.