Cada vez que comento en público o en privado la conveniencia de acabar con el dinero en efectivo y sustituirlo por el electrónico para terminar con la economía sumergida, el dinero negro o la evasión fiscal, alguien me recuerda, como si no lo supiera, que los grandes defraudadores son las multinacionales y las grandes fortunas que se refugian en los paraísos fiscales para no pagar los impuestos que deberían en los países donde trabajan o residen.
Que la prioridad sea perseguir a los grandes evasores fiscales y obligar a las empresas a que tributen por la actividad generada en cada país, no está reñido con arbitrar fórmulas para terminar con la economía sumergida y el dinero en negro en las pequeñas y medianas transacciones diarias.
El dinero en efectivo es anónimo y no deja huella. El dinero electrónico es transparente, tiene nombre y apellidos y por lo tanto se puede seguir su pista con facilidad. Viene todo esto a raíz de una de las medidas más llamativas incluidas en el plan de urgencia presentado por el gobierno griego a la Unión Europea para no romper la baraja y continuar con el rescate: crear un cuerpo temporal de inspectores o vigilantes del pago del IVA integrado por “amas de casa, estudiantes o incluso turistas en las áreas donde más se defrauda”.
Parece que en Grecia no ha sido muy eficaz la medida que se puso en marcha en 2011 y que obliga a la emisión de una factura o tique por cada transacción en el sector servicios. Por eso insisten ahora en la misma línea y contemplan recurrir a cámaras de video o grabadoras ocultas para documentar las denuncias de fraude.
Todo sería más fácil si se dejara de emitir papel moneda y todo el dinero fuera electrónico o digital, con independencia del medio de pago: tarjeta, teléfono o reloj inteligente. La supresión del dinero en efectivo dificultaría el blanqueo de dinero, los tráficos ilícitos,… y permitiría aflorar todo el dinero que hoy está en colchones, calcetines o en las cajas fuertes de particulares en los bancos.
El anonimato del dinero sólo contribuye a la impunidad de los delincuentes y a la opacidad de los mercados que deben ser transparentes para garantizar la competencia leal.