Hoy entra en vigor la ley de Transparencia de Andalucía que obliga a toda la administración dependiente de la Junta de Andalucía y a sus empresas y agencias públicas a ser más transparentes y a rendir cuentas de su funcionamiento con arreglo a lo que señala la ley. Los ayuntamientos pueden todavía ser opacos porque las leyes, tanto la estatal como la autonómica, le conceden más tiempo para su adaptación a la transparencia.
La nueva normativa fija unos mínimos, pero si las entidades afectadas quieren ser más responsables con la sociedad pueden ir más lejos y trabajar para conseguir un efectivo gobierno abierto que en el día a día escuche permanentemente a la ciudadanía, fomente su participación y se gane la confianza de los votantes. Si la clase política, incluida la oposición, se comportara de la manera descrita, el buen ejemplo sería cotidiano y la gestión de los asuntos públicos sería mucho más eficaz.
La transparencia es un concepto que evoluciona con el progreso y la maduración democrática de las sociedades. Si España ha sido el país europeo que más se ha resistido a la transparencia, el que más ha tardado en dotarse de una legislación que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública, las consecuencias de este retraso están hoy a la vista de todos: la opacidad ha sido la garantía de la impunidad para los malos comportamientos de políticos y funcionarios.
En el ámbito del buen gobierno deseable podemos ser conformistas y limitarnos a salir del paso y cumplir con los mínimos que marca la ley, pero hay que recordar que la transparencia es compartir la información que hasta ahora se consideraba un patrimonio exclusivo de los gobernantes y de los funcionarios. Las administraciones públicas manejan una cantidad enorme de información estadística que puesta a disposición de la sociedad en formatos reutilizables puede servir para alumbrar nuevos servicios y yacimientos de empleo.
Para medir de manera objetiva e independiente la transparencia de las organizaciones públicas y privadas ya funcionan iniciativas como Acreditra (Asociación Española de Acreditación de la Transparencia) que cuenta con implantación en Andalucía.